Las Juntas Generales ponen cerco legal a la estrategia presupuestaria de Javier Maroto

Vitoria. Existía una más que justificada expectación por conocer en qué quedaría la proposición de modificación de la norma foral promovida por el PNV que ayer se trataba en las Juntas Generales de Álava. El cambio buscaba, en líneas generales, activar mecanismos que obligaran a los ayuntamientos del territorio a presentar sus Presupuestos en plazo, ya que la norma no contemplaba hasta la fecha ninguna penalización para las entidades locales que se saltaran la fecha de entrega. El objetivo del grupo jeltzale se logró gracias al apoyo de los socialistas y la abstención de Bildu y Ezker Batua, y comenzará a aplicarse en enero de 2013 en todos los consistorios alaveses. El que no cumpla, verá en primera instancia cercenada su capacidad inversora y, si persiste en su actitud, perderá parte del dinero procedente del Fofel. Esto será para todos los consistorios salvo para uno, ya que el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE incluye una cláusula sólo aplicable a "las entidades de 100.000 o más habitantes que se encuentren en situación de prórroga presupuestaria" que, lógicamente, sólo atañe a Vitoria y que comenzará, en principio, a aplicarse este mismo año.

Esta disposición obligará al Gobierno municipal de Javier Maroto a presentar sus Cuentas en el plazo máximo de una semana a partir de su entrada en vigor, lo cual se producirá previsiblemente a finales de abril. El Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de recurrir esta reforma ante los tribunales, de manera que los jueces decidirán si se suspende cautelarmente la tramitación o si deja que siga su curso. En el primero de los casos, el alcalde de Vitoria tendrá vía libre para extender la prórroga presupuestaria hasta enero de 2013, como el resto de los ayuntamientos. En el segundo, tendrá que devolver ante el Pleno municipal las Cuentas que en su día retiró y someterlas a las enmiendas de la oposición, que no oculta su intención de aprobar un Presupuesto "alternativo". La polémica vuelve a estar servida en la capital alavesa.

La Comisión de Administración Local de las Juntas Generales debatió ayer la proposición de modificación de la norma foral presupuestaria de las entidades locales del territorio presentada por el portavoz del PNV, Ramiro González. El grupo socialista, representado por Cristina González, había presentado un grupo de enmiendas al proyecto, mientras que la apoderada de Ezker Batua Nerea Gálvez había tramitado una. La idea de EB consistía en penalizar a los alcaldes que no respetaran los plazos con una merma transitoria de sus competencias para que no pudieran gobernar por decreto mientras arrastrasen la prórroga presupuestaria y que se vieran obligados, hasta la presentación de las Cuentas, a someter los asuntos a la decisión del pleno municipal. Su postura no halló apoyos entre el resto de las formaciones.

La representante socialista propuso por su parte fijar un plazo de cuatro meses a partir del 31 de diciembre -fecha tope de presentación de las Cuentas- para empezar a aplicar penalizaciones, tales como un recorte del dinero que la Diputación entrega a los ayuntamientos vía Fofel o limitar al 5% del presupuesto la capacidad para realizar inversiones por parte de los consistorios que no cumplieran.

Ante la sintonía demostrada por jeltzales y socialistas, sus representantes consensuaron varias enmiendas de aproximación que obtuvieron el apoyo de la Cámara y que serán tramitadas por vía de urgencia para que se voten en el próximo Pleno. Las medidas contemplan que los ayuntamientos que no presenten sus Presupuestos antes de que haya concluido la primera semana de abril no podrán realizar inversiones por encima del 5% de las partidas dedicadas a este capítulo. Si las Cuentas siguen sin presentarse para finales de junio, el Ayuntamiento penalizado dejará de ingresar una parte aún por determinar del Fofel. Todos cumplirán estas reglas a partir de enero de 2013 excepto Vitoria, que deberá hacerlo una semana después de la aprobación oficial de este paquete de medidas. Para ello será necesario modificar la norma que regula el Fofel.

El acuerdo, calificado de "muy satisfactorio" por parte del portavoz nacionalista, fue criticado por la apoderada del PP Ana Morales, quien aseguró que tanto el PNV como el PSE "se han quitado por fin la careta" y que han pactado "por la puerta de atrás" para "suplantar la autoridad del alcalde de Vitoria" y su legitimidad "obtenida en las urnas". "El Fofel es un derecho que tienen los ayuntamientos y se va a convertir en otra cosa. Pero no va a salir gratis, habrá consecuencias", advirtió.

Para evitar estas consecuencias, bastará con que el equipo de gobierno de cada municipio presente las Cuentas al pleno y no las retire antes de ser debatidas y sometidas a enmiendas. Cumplido este trámite, aunque no se apruebe el nuevo presupuesto y se mantenga la prórroga, no cabrán penalizaciones.