Lakua otorgó a General Química la autorización ambiental sin que ésta elaborase informes exigidos

Vitoria. La investigación del vertido provocado por la empresa General Química en varias fincas agrícolas de Lantarón abre nuevas vías. El Gobierno Vasco concedió a la firma en abril de 2008 la autorización ambiental integrada necesaria para desarrollar su actividad, una resolución que permite explotar instalaciones industriales si se cumple una serie de requisitos, bajo la exigencia de que cada tres meses remitiría a la Agencia Vasca del Agua (URA) un informe sobre la calidad de las aguas que acostumbra a verter. Lakua también otorgó entonces a la empresa un plazo de seis meses para cumplir todas las condiciones exigidas por la ley y, a partir de ahí, convertiría en efectiva dicha resolución. Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la agencia URA no recibió estos informes exigidos por el Gobierno Vasco y, a pesar de ello, el Departamento de Medio Ambiente modificó e hizo efectiva el 14 de septiembre de 2011 la citada autorización ambiental que valida la actividad de General Química. Una fecha en la que, según denuncian las partes afectadas y a falta de que las investigaciones en marcha arrojen todas sus conclusiones, la fuga de General Química, provocada por la rotura de una tubería, ya debía haberse producido. En concreto, el vertido fue descubierto en los últimos días de diciembre del año pasado por varios agricultores de la zona cuyas fincas se anegaban sin razón aparente. Tras realizarse los primeros análisis, en las tierras se encontraron restos de tolueno, anilina y benzotiazol.

El grupo parlamentario de Aralar solicitará en los próximos días explicaciones a la consejera de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, sobre la autorización otorgada a la empresa. Pedirá su comparecencia en una comisión del ramo, en un Pleno de control o en ambos foros. "¿Por qué se le concede sin haber presentado esos informes? Esto da que pensar", reflexionó ayer en declaraciones a este periódico el parlamentario de Aralar, Dani Maeztu. Precisamente, el grupo ha tenido conocimiento de esta realidad a través de una respuesta escrita de la propia Unzalu en la que confirma estos extremos. Según la consejera, la autorización fue concedida una vez que General Química presentó "diversa documentación" ya en el año 2009 y los servicios técnicos de Medio Ambiente inspeccionasen las instalaciones de la planta en marzo y abril de 2010.

En otro orden de cosas, los agricultores afectados se encuentran a la espera de los resultados del informe sobre afección del suelo que ha realizado la empresa URS y que delimitará el impacto real de la fuga. Por el momento, uno de ellos ha denunciado ante la Ertzaintza la existencia del vertido -lo hizo el pasado 3 de enero- y el caso ya se encuentra en manos del fiscal alavés especializado en delitos ecológicos, Álvaro Delgado. Los agricultores se han constituido también en una plataforma que, una vez se conozcan los resultados de este último informe, podrían interponer una nueva denuncia en los Juzgados. Este documento determinará, entre otros aspectos, cuántos contaminantes se han filtrado a sus tierras, cuáles son peligrosos y cómo eliminarlos. A esta investigación se une la que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y otras instituciones implicadas. Los agricultores no ocultan su enfado con la CHE, que cuando tuvo conocimiento del vertido tapó con camiones cargados de tierra la zanja que discurre entre las fincas -en las imágenes- para que éste no llegase al Ebro, lo que ha concentrado la fuga tóxica en las fincas, que han hecho de filtro.