El Gobierno del PP desoye a la izquierda abertzale y exige la disolución de ETA

Bilbao. La declaración efectuada el pasado domingo por la izquierda abertzale, en la que esta sensibilidad política lamentaba haber transmitido "una imagen de insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA", ha concitado una reacción fría, cuando no de claro rechazo, por la mayor parte de las fuerzas políticas. La mayoría de las formaciones califican el paso dado en el acto del Palacio Kursaal como insuficiente por lo que respecta al reconocimiento a las víctimas y a la asunción de responsabilidades por la violencia sufrida. Así, los principales partidos exigen a la antigua Batasuna que reclame a ETA su disolución definitiva.

Todo ello, en un contexto en el que varias voces especulan con la posibilidad de que la organización armada emita un nuevo comunicado ante los requerimientos que le exigen más pasos tras el anuncio del pasado 20 de octubre, en el que anunció el cese definitivo de su actividad armada.

Si la vía abierta por parte de los miembros de la antigua Batasuna tenía como principal destinatario al Gobierno español, la respuesta de éste llegó ayer en boca del ministro de Justicia del Ejecutivo Rajoy. Alberto Ruiz Gallardón aseguró que no percibe ningún avance en la declaración realizada por los dirigentes de la izquierda abertzale y volvió a insistir en que el listón que ha marcado el Gabinete popular para dar cualquier paso en materia penitenciaria es la disolución de ETA. Para el exalcalde de Madrid en la coyuntura actual no hay sitio ni espacio para las medias tintas: o ETA se disuelve o el Gobierno Rajoy mantendrá su actual postura con respecto a los presos en el denominado proceso de pacificación y normalización política.

En una entrevista concedida a Telecinco, Ruiz-Gallardón aseguró, además, que es "absolutamente indefendible" la equiparación que se pretende hacer entre unas víctimas y otras, al considerar que "aquí hay inocentes y culpables, víctimas y verdugos". Por ello, el responsable de Justicia incidió en que la política penitenciaria del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy no va a variar por la declaración leída en el Kursaal. Y no va a variar hasta que ETA anuncie su disolución. "Mientras subsista la banda y la amenaza y la justificación de las acciones criminales que ha desarrollado, no hay ninguna legitimidad para pedir ninguna medida de gracia, ninguna modificación del régimen penitenciario, ni absolutamente nada", aseguró.

Con las víctimas Una de las voces más autorizada en el PP es la de su secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La número dos de la formación de la calle Génova coincidió con el discurso de Gallardón y aseguró que tanto el PP como el Gobierno español lo único que esperan es una declaración de ETA en la que la organización armada anuncie su disolución definitiva sin condiciones. Una declaración que, según la secretaria general de los populares, debe ir acompañada, asimismo, del "reconocimiento de los daños que han cometido en nuestro país".

Cuando tanto se habla de hojas de ruta en el proceso de pacificación y normalización política, De Cospedal manifestó en una rueda de prensa celebrada en la sede del PP, que la hoja de ruta de su partido está perfectamente diseñada y los populares no se saldrán ni un milímetro de ella. "ETA se tiene que disolver, tiene que condenar el terrorismo, tiene que pedir perdón a las víctimas y, después, se aplicará la ley con todas las consecuencias". Ésa es la única variable que, por el momento, tiene en su agenda el PP por muchas declaraciones que se realicen desde la izquierda abertzale.

Esa firmeza en los planteamientos es lo que va a trasladar el PP a las asociaciones de víctimas, muchas de ellas inquietas por el hecho de que la pasada semana los populares rechazaran en la Cámaras Baja una propuesta presentada por Rosa Díez, en la que la líder de UPyD solicitara la ilegalización de Bildu y Amaiur.

De Cospedal confirmó que la formación de Génova, a través de su nuevo secretario de Justicia, Derecho y Libertades, Iñaki Oyarzábal, ha abierto una ronda de contactos con las víctimas, encuentros en los que el secretario general del PP en la CAV quiere trasladar a estas asociaciones que no se ha producido ningún cambio de opinión ni en el PP ni en el Gobierno Rajoy, y que ambos mantienen como premisa básica la disolución de la organización armada y la necesidad de rendir cuentas ante la Justicia.

La semana pasada ya se celebró una reunión entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Ángeles Pedraza, quien ayer también se refirió al acto protagonizado por la izquierda abertzale. Pedraza aseguró que en el Kursaal no hubo ninguna petición de perdón a las víctimas.

Con motivo de la presentación de los premios AVT, cuyos primeros galardonados serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ángeles Pedraza exigió del Gobierno Rajoy que muestre su voluntad de ilegalizar a Amaiur. "Estaré tranquila el día que veamos derrotada a ETA y a esta gentuza fuera de las instituciones", aseguró.

Voces socialistas No sólo el PP o las víctimas han mostrado su disconformidad con el pronunciamiento escuchado el pasado domingo. Desde las filas socialistas, tanto el PSE como el PSOE consideran insuficiente la declaración efectuada en el Kursaal. El coordinador de la Ejecutiva del PSE y alcalde de Portugalete, Mikel Torres, exigió ayer a la izquierda abertzale que pida la disolución de ETA y condene el daño causado.

Desde Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, aseguró que la Ejecutiva Federal de los socialistas no había valorado la declaración. No obstante, se alineó con la percepción del PSE, al considerar insuficiente el pronunciamiento que se realizó en el Kursaal. "Lo que tiene que hacer la izquierda abertzale es pedirle a ETA que se disuelva", afirmó.