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EFE - Martes, 7 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 18:53h
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Vitoria, 7 ene (EFE).- El Gobierno Vasco informará a la Fiscalía de
"graves irregularidades" detectadas en al menos una quincena de
contratos informáticos del Departamento de Justicia entre los años 2000 y
2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA), cuyo importe
supera los 23 millones de euros.
La portavoz del ejecutivo autonómico socialista, Idoia Mendia, ha
desvelado hoy que el Consejo de Gobierno ha decidido que el Ministerio
Fiscal investigue estos contratos, ya que a pesar de haber sido pagados
en su día, ninguno se ha ejecutado todavía en su totalidad.
De hecho, ha precisado que algunos de ellos ni siquiera se han iniciado
todavía, lo que pone en evidencia que "se han pagado sistemáticamente"
con dinero público trabajos no realizados.
Además, según la "exhaustiva" investigación interna llevada a cabo por
el actual Departamento de Justicia, se ha podido comprobar que muchas de
las aplicaciones informáticas han sido contratadas y pagadas varias
veces, bien en sucesivos contratos o bien mediante facturas emitidas por
conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.
Las irregularidades afectan a trabajos para implantar en los órganos
jurisdiccionales el sistema de gestión procesal, para poner en marcha en
Euskadi la nueva Oficina Judicial o para desarrollar el expediente
judicial electrónico.
En otros casos se ha detectado, por el "escasísimo plazo" de 16 días o
un mes fijado para la ejecución del contrato, que la empresa sabía de
antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo.
En otros expedientes se pone de manifiesto que ninguna de las partes
tenía intención de ejecutar lo contratado, por lo que el documento "no
era sino una mera justificación formal para obtener financiación".
Tras las auditorías encargadas, una interna y otra externa, los actuales
responsables del Departamento de Justicia han mantenido varias
reuniones con las empresas informáticas implicadas, que han reconocido
no haber ejecutado muchos de los trabajos, pese a que cobraron por
ellos, y se han comprometido a llevarlos a cabo.
La portavoz del Gobierno Vasco no ha desvelado los nombres de dichas
empresas ni las personas del Departamento de Justicia que firmaron los
contratos y ha defendido la presunción de inocencia de los presuntos
responsables de estas irregularidades.
El Gobierno Vasco reconoce sin embargo la gravedad de lo ocurrido, que
afecta a "cuestiones de calado para la Administración de Justicia", lo
que le ha llevado a informar de estos hechos a la Fiscalía para que
determine si los implicados cometieron algún delito y señale a los
responsbles.
El ejecutivo autonómico socialista ha recalcado su "decidida" apuesta
por la modernización de la Administración judicial vasca y ha recordado
que entre 2009 y 2011 ha invertido más de 47 millones de euros en
aplicaciones informáticas para poner en marcha la nueva oficina judicial
y lograr el objetivo de hacer un seguimiento, en tiempo real, de la
actividad de los órganos de la Administración de Justicia. EFE
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