"Están tirados en campos y cunetas como perros, y deben estar en los cementerios"

Madrid. El juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencias arrancó ayer lunes en el Tribunal Supremo con el testimonio de Olga Alcega, nieta de un fusilado durante la Guerra Civil que defendió que las víctimas "no tienen afán de venganza" sino que reivindican su "derecho a saber la verdad".

Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, fue la primera de los cuatro testigos en declarar en la vista en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación del que acusa el sindicato ultraderechista Manos Limpias. La Fiscalía no acusa en este procedimiento.

Según explicó, la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra interpuso denuncia ante la Audiencia Nacional en 2008 con el objetivo que la Justicia investigara el paradero de 3.452 personas desaparecidas en la Comunidad Foral. "Todos ellos, por no decir el cien por cien, siguen a día de hoy desaparecidos", añadió.

Olga Alcega Madurga entiende que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y lamenta que "todos han mirado hacia otro lado", desde las administraciones, hasta parte de la sociedad e incluso los órganos jurisdicionales, que "no se han interesado". Tras indicar que en la etapa de la transición "todo el mundo quiso cerrar ese duelo", agregó: "Queremos Justicia, creo que se lo merecen". En la vía administrativa, explicó que su asociación ha acudido al Parlamento de Navarra, a los ayuntamientos y "a donde haga falta" con la mirada puesta en localizar a los miles de desaparecidos y colgar una placa en su recuerdo.

"En Pamplona, como en cualquier otra ciudad española, cuando aparecen restos arqueológicos se paraliza la obra y van los técnicos de la Administración. Sin embargo, cuando saben que hay personas desaparecidas en un campo o un cementerio, miran hacia otro lado.

Jamás nunca nadie nos ha prestado ayuda", advirtió.

Eso sí, ha precisado que la asociación recibió una subvención del Gobierno de Aragón para exhumar los restos de 81 cuerpos -79 hombres y dos mujeres- localizados en una fosa en el municipio zaragozano de Magallón. Las labores de búsqueda fueron llevadas a cabo por los colectivos de memoria histórica gracias a su trabajo "voluntario" y sin "cobrar nada".

"Están tirados en campos y cunetas como perros, los restos deben estar en los cementerios", ha señalado sobre los cuerpos del resto de desaparecidos. Sobre su caso personal, ha explicado que su abuelo, cartero de profesión, lleva 74 años desaparecido desde que "el gobernador civil solicitó su destitución, le trasladaron a Magallón y le dieron un tiro en la cabeza".

A preguntas de la defensa de Garzón, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, subrayó que acudió a la Audiencia Nacional con el ánimo de "saber la verdad" y para que su abuelo "quede limpio" ya que muchos documentos hablaban de que "era peligroso por pensar diferente". "No tengo afán de venganza, pero tengo derecho a saber. He tenido un padre que le he visto sufrir día a día porque quedó marcado", añadió.

recta final En el juicio también declararon los representantes de asociaciones de la Memoria Histórica de Cataluña, Valladolid y Aguilar de la Frontera. El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil encara hoy la última parte de su fase testifical, tras renunciar la defensa del juez acusado a una gran parte de los testigos que habían sido citados inicialmente, la mayoría representantes de asociaciones por la Memoria Histórica.

Así, están citados Antonio Solsona Nebot (Grupo de Recuperación de la Memoria de Castelló), Elmilio Silva (Asociación Recuperación de la Memoria de León, Bierzo, Burgos y Zamora) y Antonio Ontañón (Héroes República y Libertad).

Una vez concluyan estas declaraciones, se celebrará la prueba documental y tras ello el presidente del tribunal, Carlos Granados, podría solicitar a las partes que señalen si elevan a definitivas sus conclusiones iniciales o bien las modifican.

Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez.