El Congreso justifica el despido objetivo por la caída de ingresos o la previsión de pérdidas

Madrid. La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó ayer sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos".

El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. La votación final en la Comisión deparó un empate a 18 votos y dos abstenciones, de CiU y PNV. Por ello, hubo que echar mano de la representación real de cada grupo en el hemiciclo (voto ponderado en pleno), de tal manera que los 169 diputados socialistas han superado a los 165 parlamentarios que sumaban los que se oponían. El texto pasa ahora al Senado, donde se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general de CCOO y UGT. En cualquier caso, tanto PP como CiU tienen intención de aprovechar la mayoría que suman en el Senado para introducir nuevas enmiendas.

En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos (antes se hablaba de beneficios) "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez".

El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.

reducir el absentismo No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que el uso del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la "carga de la prueba" sobre esta cuestión. Asimismo, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según adelantaron fuentes socialistas a Europa Press, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.

revisar la negociación colectiva Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que el PSOE aceptó rebajar ahora del 5% al 2,5%. El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, eso sí, en acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de los trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar parados de la construcción.

Además, el PSOE aceptó la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el empleo inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas por estas a políticas activas de empleo. Respecto a la negociación en empresas, se señala que en las empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos "democráticamente" o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.

El debate se alargó siete horas y tuvo varios recesos, especialmente cuando los diputados de la oposición detectaron que en el informe de la Ponencia se habían incluido un paquete de enmiendas transaccionales socialistas que no habían sido aceptadas por la oposición.