La legislatura foral cierra un tercer curso marcado por el "caso De Miguel" y la crisis

Vitoria. Xabier Agirre cierra su tercer ejercicio en el poder con el activo de haber sacado adelante algunos proyectos importantes para el territorio en el capítulo de la gestión y con un repunte de valoración e intención de voto ante los ciudadanos -como revelaba la última encuesta difundida el pasado viernes-, pero con el lastre que ha supuesto el escándalo del caso De Miguel -aunque el diputado general se apresuró a poner un cortafuegos con su discurso de tolerancia cero desde la misma mañana en que fueron detenidos los imputados- y por una crisis económica que atenaza las potencialidades del tejido productivo alavés.

Así la cosas, la controversia que afecta al ex diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial y la pérdida de Aralar como socio de gobierno se han convertido en dos baches que ha tenido que sortear precisamente a las puertas de iniciar el último curso político de su mandato, a menos de un año para las próximas elecciones forales. Contratiempos que ha sabido solventar con maña, ya que justo después de solicitar a los imputados en la presunta trama que entregasen los carnés del partido, la encuesta de Gizaker difundida este viernes le volvía a dar ganador de cara a los próximos comicios forales.

La elaboración de los Presupuestos para este año, unida a una coyuntura en la que EA y Aralar estaban necesitadas de marcar su propio perfil político, provocó una serie de discrepancias entre los integrantes del equipo de gobierno foral. Los socios minoritarios expresaron públicamente su descontento con la elaboración de unas cuentas que, a su juicio, dejaban de lado su opinión y se centraban más en la negociación con el PSE para sacar adelante el proyecto. De esta forma, finalmente Aralar expresó su malestar absteniéndose en la votación del proyecto de Presupuestos en el Consejo de Diputados. Una acción que llevó a la salida del Ejecutivo foral del entonces diputado Javier Aspuru.

Así las cosas, el PNV se quedó junto a EA como único aliado, también molesto por la actuación de los jeltzales en este sentido. Esta circunstancia fue aprovechada por el PP para señalar una posible fragilidad dentro de la Casa de la Provincia.

Pero el verdadero golpe llegaría unos meses después con la operación conocida más tarde como caso De Miguel. Era 17 de marzo cuando el fiscal de Álava, Josu Izaguirre, iniciaba una operación judicial que implicaba, en principio, a ocho personas vinculadas a la dirección del PNV alavés, acusadas de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, y entre las que se encontraba el entonces diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel. Desde entonces, esta investigación se ha convertido en un auténtico culebrón que ha dejado numerosos capítulos y nuevos imputados, además de que le ha servido al PP para sacar toda su artillería opositora, aunque Agirre ha sorteado la presión con valentía y un claro discurso contundente.

luces

Plan del lobo y de transportes

Estos sucesos han dejado en un segundo plano actuaciones forales muy esperadas en varios planos. Es el caso del Plan de Gestión del Lobo que, tras presiones y críticas de los implicados, ha salido adelante con un acuerdo entre Agricultura y Medio Ambiente que ha intentado alcanzar un término medio entre los intereses de los afectados. El documento busca la cooperación entre ambos departamentos para consensuar las actuaciones que permitan una convivencia pacífica entre el predador y la ganadería extensiva.

Otro de los proyectos estrella de este ejercicio ha llegado de la mano del Departamento de Transportes. El Plan Foral de Transportes ideado por el Aula de Ecología Urbana, encabezada por Salvador Rueda, ha supuesto el inicio de una red que permita un transporte más sostenible, rápido y eficaz en todo el territorio. Una estrategia que permitirá al 64% de la población rural alavesa llegar a la capital en menos de 40 minutos y que duplicará en tres años los viajes a Vitoria antes de las 9.00 horas.

Un impulso para las zonas rurales de Álava que se ha visto beneficiado también con las primeras adjudicaciones de vivienda tasada en Samaniego y Lapuebla de Labarca, que permitirán fijar la población en todo el territorio.

Además, los servicios jurídicos también han tenido que trabajar a destajo para lograr la paralización de la cárcel de Zaballa, así como los técnicos de varias áreas de la casa se han esforzado por demostrar la inviabilidad del proyecto de campo de golf de Labastida y han contribuido a que se estudie un trazado alternativo al de la Montaña Alavesa para la red de alta tensión entre Castejón y Vitoria.

Por otro lado, ha sido el año de las adjudicaciones de las ansiadas residencias de Lakua, muy avanzada ya, y Abetxuko y de la inauguración del centro para jóvenes Sansoheta. También se han desarrollado acciones para impulsar el yacimiento de Iruña Veleia y para reactivar la zona de influencia de la central de Garoña, que ahora peligra ante una posible nueva prórroga con arreglo al pacto de Estado en cuestión energética.

sombras

UCEIS, Korrosparri y Ariznabarra

Las Unidades Comarcales de Extinción de Incendios (UCEIS) siguen a la espera de una respuesta municipal en el caso de la construcción de una central general en Vitoria y a la urbanización del polígono para el atrasado retén de Kanpetzu.

Lo mismo sucede con la presa de Korrosparri. La oposición se ha quejado muchas veces de un proyecto que parece dormir el sueño de los justos y que ahora estudia la nueva opción de que Amvisa gestione las necesidades de la Llanada oriental para reducir gastos. Mientras se toma la decisión más "rápida, económica y ecológica", el tiempo sigue corriendo y son ya más de 15 años.

Las calles de Vitoria también han sido testigos de más de 29 meses de huelga de las trabajadoras de la residencia de Ariznabarra, que reclaman la intervención foral en la solución del conflicto mientras que la Diputación mantiene que han de resolverlo con la empresa que les tiene contratadas. En lo que a la red viaria se refiere, el territorio sigue pendiente del inicio de las obras en la variante de Saratxo, que mejorará la unión entre Orduña y Amurrio a través de esta localidad alavesa y cuyas obras comenzarán a finales de año. El Ejecutivo foral mira, además, con temor a la resolución de la reclamación de más de 48 millones de euros por parte de las empresas constructoras de la AP-1. Un miedo comprensible si se tiene en cuenta que los ingresos tributarios han caído un 14% y que las medidas fiscales no han sido acogidas con entusiasmo por la oposición.