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SUSANA MARTÍN - Miércoles, 21 de Julio de 2010 - Actualizado a las 04:17h.
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Rosi Camacho ayuda a su hijo Jon, de sólo nueve años. (Susana martín)
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LAUDIO. Tiene sólo nueve años y en septiembre pasará por su tercer proceso de escolarización. Y no por voluntad o capricho de sus progenitores sino por decisión -y prácticamente imposición- del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Una situación así puede generar estrés, inseguridad y problemas de comportamiento en cualquier niño de corta edad, pero más si se trata de un menor que sufre parálisis cerebral, retraso cognitivo severo, trastornos adaptativos y conductuales y graves dificultades perceptivas y visuales.
Durante los últimos tres meses, Rosi Camacho y Carlos Muñoz han hecho lo imposible para que su hijo continúe matriculado y recibiendo educación especializada en el aula estable de Etxaurren Ikastola, ubicada en la localidad de Aiara. El centro se encuentra a unos 15 kilómetros de Laudio, su municipio de residencia, pero la distancia ha sido una barrera mucho más fácil de superar que la incongruencia y el despropósito de la Administración pública.
A pesar de las numerosas gestiones realizadas -llamadas de teléfono, escritos de queja y de denuncia al Berritzegune, Lehendakaritza e incluso al Ararteko- no hay vuelta atrás. El Departamento de Educación cierra el aula estable de Etxaurren -medida a la que se han opuesto también tanto la dirección como el AMPA del centro de enseñanza- y Jon deberá continuar su periodo de escolarización en Laudio Ikastola por ser su zona de referencia.
Lo más curioso del caso es que el periplo del menor y de su familia comenzó en este mismo colegio. "Nuestro hijo fue matriculado con dos años de edad en este centro laudioarra y allí estuvo hasta la finalización del curso 2007-08. En ese momento se nos informó de que, para un mejor desarrollo educativo, había que cambiarlo a la Ikastola Etxaurren", explica Rosi. La medida supuso un grave trastorno para Jon, hasta el punto de que "le costó unos tres meses levantar cabeza y fue un periodo muy duro para todos nosotros ya que no quería que le tocarán, no comía y no avanzaba en su rehabilitación", recuerda.
Pasada esa complicada fase de adaptación, "y gracias al gran esfuerzo de los profesionales del centro y la buena acogida del alumnado, nuestro hijo superó las primeras dificultades y empezó a integrarse en un nuevo espacio que resultó ser plenamente favorecedor pues a lo largo de estos dos cursos la familia y los profesionales que le atienden fuera del centro han notado una gran mejoría en todos los niveles".
Rosi enumera con gran satisfacción y orgullo de madre importantes progresos obtenidos por el menor que "ha mejorado enormemente en psicomotricidad, es capaz de desplazarse solo en silla de ruedas y ha ganado en autonomía y en visión".
Rabia e impotencia Todos estos logros pueden verse ahora frenados con el cambio de colegio. La decisión de Educación les fue notificada el pasado mes de marzo y supuso, en un primer momento, "el desconcierto y el enfado de toda la familia porque un niño con los problemas de Jon necesita estabilidad en todos los ámbitos de su vida".
Tras la impotencia inicial, Rosi y Carlos han pasado ahora a la resignación ya que no les queda otra salida que aceptar el nuevo destino educativo de su hijo. Ambos aseguran sentirse "con la suficiente energía como para luchar por mantener los logros alcanzados" pero su mayor preocupación es el futuro incierto.
Y es que ni los responsables del Berritzegune ni los de la propia Laudio Ikastola les han podido asegurar de manera oficial que Jon vaya a acabar sus estudios de primaria en este centro educativo. "Solamente tenemos un compromiso verbal de que así va a suceder pero todo depende de que se mantenga un mínimo de tres matriculaciones en el aula estable. Todo puede cambiar de un año para otro y a los hechos nos remitimos".
Para Rosi Camacho resulta "vergonzosa la aplicación de un planteamiento educativo itinerante cuando todos sabemos la importancia de conseguir estabilidad con este tipo de alumnado". A su juicio, el de Jon y el de otros menores con problemáticas y limitaciones especiales "son casos excepcionales y tienen que ser valorados y tratados como tal".

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