Sobre el fallo del Estatut de Catalunya

Era innegable que el nuevo Estatut de Catalunya suponía un avance, un nuevo traje, que garantizaba nuevos instrumentos para un marco autonómico que había dado muy buenos resultados para la sociedad catalana, pero que después de 27 años se había quedado, cual buen traje, estrecho. Y ahora que el nuevo Estatut era ya Ley Orgánica y por ende de obligado cumplimiento, el Tribunal Constitucional pontifica sobre el alcance de la dimensión real del marco de convivencia política en España. A pesar del cepillado del entonces proyecto de Estatut en su tramitación en el Congreso de Diputados (sin olvidar la mentira pública de Zapatero a Pasqual Maragall de apoyar en Madrid lo que el Parlament decidiera), muchos artículos continuaban siendo inasumibles para el PP: España se rompía. Y así, en 2006 recurrió un centenar de los artículos ante el Constitucional, preludio preocupante de algo que nadie sabía cómo iba a acabar. A partir de ese momento, el TC se enfrentó a la decisión más trascendente de su trayectoria. Un TC, por cierto, sometido a los vaivenes, tiras y aflojas, tácticas, estrategias y manoseos cainitas entre PSOE y PP. Así, el Tribunal se encontró ante una decisión que iba más allá de la anécdota. Se trataba ni más ni menos de dictaminar sobre la relación entre Catalunya y el Estado, siendo conscientes que su decisión afectaría de forma inapelable al futuro modelo autonómico de España. Pintaba feo y mal. En septiembre de 2005, el Parlament de Catalunya aprobó el nuevo Estatut con más del 90% de la representación de la ciudadanía catalana y, siguiendo las reglas de juego constitucionales, en marzo de 2006 el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde al texto estatutario. Tres semanas más tarde, los catalanes dieron el visto bueno en referéndum al nuevo Estatut con casi un 74% de los votos. Pero a pesar de esta estricta cronología constitucional el PP había decidido oponerse desde los mismos comienzos, se desmarcó en todo el trámite parlamentario, votó en contra en el referéndum convocado y culminó su inmensa torpeza presentando recurso al TC. El dilema era avance o retroceso, aceptación de la madurez democrática de un Estado plural o su bloqueo. No estaba en juego uno u otro artículo, sino la propia dinámica y espíritu de 1977 que hizo posible la Transición. Estaban en juego los pactos profundos que habían hecho posible los últimos treinta y pico años de la historia de España. Pues bien, el Tribunal Constitucional, con la indivisibilidad de España puesta por montera, ya ha hablado y decidido dejar sin efecto legal el término nación del preámbulo, rechazar el catalán como lengua preferente, anular catorce artículos (entre ellos el de la justicia propia) y cuestionar en diferentes intensidades otra treintena. Me quedo con la valoración de Jordi Pujol: "Al margen del contenido de la sentencia, este proceso supone una humillación a Cataluña y significa un retroceso muy grave para lo que Cataluña representa… Una derrota de magnitud histórica porque no sólo tiene un significado político, sino de ruptura del consenso constitucional y de cancelación de todo un proyecto global español". Me pregunto dónde se encontrarán todos aquellos que nos predicaban a los nacionalistas vascos hasta la saciedad el ejemplo político-metodológico razonable, de prudencia, mesura y bien hacer de la clase política catalana. Y me sigo preguntando dónde estarán y qué dirán ahora los que, aquí y allá, nos señalaban a los obcecados nacionalistas vascos el modélico seny catalán argumentando que el llamado plan Ibarretxe no concitaba con su 51% la adhesión suficiente. ¿Cuál es hoy su opinión al ver al Tribunal Constitucional interponerse al 90% del Parlament de Catalunya, al acuerdo del Congreso y el Senado y a un referéndum? Dicen los analistas que en sus manifestaciones colectivas, el alma catalana oscila entre el seny y la rauxa, y entre el pactisme y el tot o res. Soy de los que apuesto por el seny y el pactisme, tanto en Cataluña como en Euskadi, una apuesta que consiste en tener por objetivo una Euskadi (una Cataluña) en la que los diferentes sentimientos de pertenencia compartan un proyecto de país a construir entre todos, en la que la voluntad de sus ciudadanos sea la única base de convivencia y en la que los acuerdos amplios sirvan para hacer frente al futuro. Una apuesta que consiste en un futuro, basado en la negociación, en el no impedir y en el no imponer, en el derecho a decidir y en su concreción pactada, la bilateralidad efectiva, respetuosa, mutuamente acordada y lo más amable posible entre Euskadi, Cataluña y España... aunque no corran hoy precisamente tiempos para la lírica política en cuanto al Estado plurinacional. Pi y Margall escribió hace algo más de 130 años Las Nacionalidades, obra que divide en tres pequeños libros. El primero lo titula Criterios para la reorganización de las naciones; el segundo lleva de encabezamiento La Federación y trata sobre el fundamento de la Federación, las atribuciones del poder federal, las cuestiones entre pueblos confederados, la libertad y el orden, la igualdad de derechos y deberes... El tercero es una aproximación a La Nación Española y habla de las consecuencias de haberse adoptado el principio unitario contra la tendencia de nuestros pueblos. En él, Pi y Margall denuncia la ineficacia del principio unitario. Habla de la diversidad de lenguas y de costumbres. Finaliza con reflexiones sobre en qué se debe y en qué no se debe respetar la unidad establecida. Es el colofón de unas ideas que ojalá hubieran cuajado en el ya lejano siglo XIX. Otro gallo cantaría hoy en España, en Cataluña, en Euskadi… Y en el Tribunal Constitucional de turno, si lo hubiera.