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Una hipotética marcha atrás en el cierre de la planta requeriría fuertes inversiones

nuclenor

deberá presentar en diciembre de 2011 un plan concreto para certificar el fin

La orden ministerial que ordenó al cierre el recinto impide nuevas inversiones y acopios de energía para seguir

M.G. - Sábado, 26 de Junio de 2010 - Actualizado a las 12:18h

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Fachada de la central nuclear de Garoña.

Fachada de la central nuclear de Garoña. (Foto: alex larretxi)

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vitoria. Si la intención del PP es ahorrar una factura eléctrica más onerosa para los ciudadanos, la continuidad de la central nuclear de Garoña no es buena idea. Es más. Para evitar que el cierre amortiguado del complejo gestionado por Nuclenor sea reversible, el gabinete Zapatero ya ha adoptado las medidas oportunas para embarrancar cualquier marcha atrás al respecto al impedir nuevas inversiones en el recinto atómico. A la vez, ha encaminado, a través del CSN, los pasos para encarrilar la clausura de la planta. Con ello, un cambio de paso en el proceso de cierre tendría que llegar acompañado por una fuerte inversión económica para revertir el camino andado, circunstancia que haría más duro el remedio que la enfermedad.

En su momento, la número dos del Gobierno central, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, se mostró tajante. Certificó que hasta 2013 se actuará en Garoña con el objetivo de alcanzar su cierre definitivo. Por ello, desde su punto de vista, no sería "en absoluto razonable" que un Gobierno posterior diera marcha atrás a esta decisión.

Al respecto, De la Vega reiteró lo ya anunciado en la orden ministerial editada para certificar la defunción de la central nuclear más vieja del Estado y que ahondaba en la irreversibilidad de la postura adoptada por el Ejecutivo socialista. No en vano, la prerrogativa administrativa del Ministerio de Industria establece la imposibilidad de hacer más inversiones de las requeridas o llevar a cabo más acopio de energía. Además, la normativa exige a la empresa que en diciembre de 2011 haya elaborado el plan concreto de cierre, que será preceptivo y que se ejecutará paso a paso. "Es una decisión política y jurídica, fundamentada en función de criterios de política energética, técnicos, de seguridad, económicos y medioambientales", insistió.

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