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los ayuntamientos se niegan a asumir una competencia que corresponde a la CAV
El PP pide a Lakua que no se precipite en la elaboración de su norma para evitar que se contradiga con la estatal
txus díez - Miércoles, 2 de Junio de 2010 - Actualizado a las 08:05h
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Un joven, fumando un cigarrillo.
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Vitoria. La ponencia para analizar las nuevas medidas antitabaco en el Parlamento Vasco recibió ayer a los portavoces de Eudel, la institución que más reticencias plantea a la Ley de Drogodependencias que planifica el Gobierno Vasco y que pretende declarar una guerra sin cuartel contra esta droga legal.
Lakua quiere que las policías locales se encarguen de perseguir las violaciones de fumar en espacios cerrados públicos, bares y restaurantes incluidos, y los ayuntamientos alegan que no pueden dedicar sus efectivos a esas tareas y combatir también la delincuencia, además de regular el tráfico en los pueblos y ciudades vascas.
Fuentes de la Asociación de Municipios Vascos señalaron ayer que no pueden asumir "sin ninguna contraprestación" tamaña responsabilidad, principalmente porque el Estado señala a las comunidades autónomas como responsables de perseguir a los fumadores. La Ley que prepara Euskadi va a ser muy dura. No se podrá fumar en espacios cerrados públicos, en los centros educativos, independientemente de la edad del alumnado, incluidas las zonas cerradas, semicerradas y al aire libre; en instalaciones deportivas públicas al aire libre si hay menores, en hoteles y hostales, y en cualquier tipo de transporte privado en el que viajen menores.
Pero es en el sector de la hostelería donde la nueva legislación va a levantar más ampollas. El Gobierno Vasco quiere multar a los propietarios de establecimientos en los que alguien encienda un pitillo, y éstos se niegan a hacer de policías.
Los hosteleros comparecerán en breve en la ponencia para expresar su opinión con respecto a la futura Ley, que ayer defendió la directora de Drogodependencias, Celina Pereda. El texto en el que trabaja el Gobierno prevé que las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 3.000 euros, las graves con importes de entre 3.001 y 15.000 euros, y las muy graves de entre los 15.001 y los 600.000 euros. Este último caso se dará en casos reincidentes, especialmente en cuestiones como la venta de tabaco a menores de edad.
Ayer el parlamentario del PP Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad del Parlamento y miembro de la ponencia, pidió en ese sentido a Lakua que "reflexione", pues prepara "un plan revisionista a ultranza" y antes es necesario "oír a todos". Además, Barrio pidió prudencia, pues el Gobierno central también quiere reformar su Ley Antitabaco y ésta puede chocar con la revisión de la Ley de Drogodependencias que prepara Euskadi.
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