Las claves del escándalo

UnA causa, doce imputados. El jueves 18 de marzo la sociedad alavesa se sobresaltaba al conocer la noticia de la detención del diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, junto a otras siete personas. Todas ellas vinculadas al PNV alavés. Dos meses y un secreto de sumario después, cuando las ramificaciones del caso han llegado a salpicar a un total de doce personas entre las que figuran empresarios e incluso altos cargos del gobierno de Ibarretxe, las cartas siguen sin estar del todo sobre la mesa.

El epicentro de la presunta trama de corrupción de la que hablan el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria, Roberto Ramos, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Josu Izaguirre, se ubica claramente en el Parque Tecnológico de Miñano. Más concretamente en su plan de ampliación y en las presuntas comisiones exigidas por los supuestos miembros de la red a los empresarios que tomaron parte -o que aspiraban a participar- en las labores de urbanización de las parcelas. Han salido a la luz los nombres de diversas empresas que podrían tratarse en realidad de sociedades instrumentales a través de las cuales la trama de corrupción se serviría para organizar los cobros, el juez ha recopilado cajas enteras de documentación a través de diferentes registros y existe constancia de intercambio de mails y comunicaciones entre los imputados, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta es si existen pruebas contundentes en su contra. Mientras unos hablan de falta de solidez, otros defienden una causa perfectamente documentada. En juego, una acusación de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El primer grupo de detenidos e imputados estuvo compuesto por el propio De Miguel, el asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y ex director del Parque Tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola, el ex concejal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria y miembro del Araba Buru Batzar (ABB), Aitor Tellería, el ex director gerente del instituto foral de Bienestar social, Koldo Otxandiano, y las esposas de De Miguel, Arriola y Tellería, Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Araceli Bajo. El terremoto mediático que provocó aquella jornada se tradujo en detenciones en masa y en la aparición en escena de un primer nombre propio: Kataia Consulting.

La empresa estaba constituida por seis de los imputados -Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano y sus tres mujeres- y, al parecer, cobraba una cantidad fija en concepto de comisiones. El juez y el fiscal sospechan que Kataia era una de las tapaderas empleadas para blanquear dinero. De hecho, su sede se ubicaba en la lonja donde se encuentra una sociedad gastronómica y no tiene ni un solo abogado en nómina. Al llegar a este punto, el magistrado amplía la lista de imputados al incluir en la misma al empresario vizcaíno Jon Iñaki Echaburu, responsable de la firma Construcciones Loizate. Las investigaciones tratan de esclarecer si Echaburu abonaba comisiones y si, en compensación, lograba contratos "a dedo" para urbanizar la ampliación de Miñano.

Echaburu, afincado en Vitoria desde hace un par de años, desmanteló Construcciones Loizate y creó Urbanorma Consulting, una firma que aparece en los contratos que el Parque Tecnológico de Miñano adjudicó para ejecutar su ampliación. Un total de 74 hectáreas que el parque fue comprando a través de Urbanorma y cuya urbanización, entregada "a dedo", según fuentes de la gerencia del complejo, reportaría a la empresa de Echaburu más de medio millón de euros. Finalmente, Echaburu abandonó también Urbanorma, dejó a su socia al frente del negocio y, de los 600.000 euros que la firma debía obtener, el montante se redujo a 400.000, ya que varias de las operaciones de compraventa de terrenos "se abarataron".

El PP alavés se sumó por su cuenta a la investigación judicial y, poco después, el dirigente Javier de Andrés reveló que Alfredo de Miguel figuraba desde 2006 como administrador único de Landaburu Etxea, S.L, dedicada a "la construcción en general y al comercio de inmuebles" y como apoderado desde 2007 de Eskalmelo S.L, encargada de "la construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil". Landaburu Etxea había ejecutado varios batzokis en Álava y fue la firma responsable de la adquisición de la nueva sede del PNV en la plaza de la Virgen Blanca. Una operación que cerró en 3,6 millones gracias, precisamente, a la discreción de la empresa administrada por el ex diputado. Si el proceso se hubiese efectuado de forma abierta, el precio se habría ido a casi el doble.

Sea como fuere, la divulgación de esta información sirvió para constatar que De Miguel nunca debió ser investido diputado. Un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación confirmó que, al ocupar los citados cargos en empresas privadas, no podía, por ley, desempeñar su cargo en el Ejecutivo alavés.

el paso clave Y, dos meses después de la primera detención, llegó el levantamiento del secreto de sumario. 19 tomos y 4.772 folios que contribuyeron a alimentar el desconcierto, ya que revelaban que la supuesta trama podría salpicar a altos cargos del gobierno de Juan José Ibarretxe. La lista de imputados volvía a incrementarse con los nombres de Julián Sánchez Alegría, ex responsable de la red de Parques Tecnológicos en el gobierno Ibarretxe, de la técnico de esta área, Miren Lourdes Bilbao, y de Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura.

Según se desprendió del sumario, Kataia Consulting estableció una vía de contacto preferente con la red de parques tecnológicos que controlaba Sánchez Alegría, quien a su vez estaba estrechamente relacionado tanto con Alfonso Arriola, del que era jefe, como con Alfredo de Miguel. Sánchez Alegría era, además, vicepresidente de Sprilur y responsable de la Unidad de Infraestructuras de la SPRI, lo que le permitía controlar la creación de nuevas empresas y los lugares para su implantación, con lo que el hilo de la investigación regresa a Miñano.

En cuanto a Gurutz Larrañaga, aún no queda claro su supuesto papel dentro del entramado, ya que el juez no ha podido tomarle aún declaración al encontrarse en el extranjero. Se presume que la semana que viene regresará y podrá testificar ante Ramos.

El último en subirse al cada vez más atestado carro de los imputados ha sido Sergio Fernández Oleaga, administrador único de dos empresas de ingeniería que obtuvieron diversos contratos de urbanización en Miñano. Las adjudicaciones han despertado las sospechas del magistrado y, la semana pasada, procedió a tomarle declaración. El nuevo imputado es administrador único de la firma Stoa, empresa que el Parque Tecnológico de Miñano contrató en 2008 para la redacción de los proyectos de urbanización para ampliar el complejo. Aunque al contrato concurrieron seis empresas y la propuesta de Stoa contenía un error al incluir dos precios distintos en su oferta, acabó siendo la adjudicataria. Según consta en el sumario del caso, el ex director de Miñano, Alfonso Arriola, pudo sugerir a la directora técnica del parque, Miren Bilbao, que no prestara atención a la duplicidad de cifras y que se guiara por la más baja de las dos, que ascendía a 343.000 euros.

nuevas dudas Este asunto levantó cierto revuelo entre el resto de las empresas que aspiraban a obtener el contrato y una de ellas recurrió, sin éxito, el procedimiento. Igualmente, ha trascendido que el propio De Miguel pudo presionar para incluir a Stoa dentro del contrato alcanzado entre la firma Urbanorma Consulting y el parque tecnológico. Este contrato, cuyo montante ascendió a 471.000 euros, fue adjudicado por los responsables del complejo tecnológico alavés para posibilitar que Urbanorma gestionara la ampliación de Miñano.

A la administradora de esta empresa, que es la persona que denunció la existencia de la trama ante la Fiscalía, tras la concesión de ese contrato se le exigió el pago de comisiones.