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Lakua recurre al dinero privado para promover el alquiler social
agencias - Domingo, 23 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 09:24h
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Gasteiz. El Gobierno Vasco recurrirá a la financiación privada como vía para promover vivienda protegida en régimen de alquiler y resolver de esta forma los problemas de financiación que conllevan este tipo de operaciones. El sistema garantizará a los inversores privados el cobro de un canon durante un periodo de treinta años y las viviendas pasarán a ser a partir de entonces de titularidad pública.
El Ejecutivo de López lleva trabajando varios meses con el resto de instituciones públicas, partidos políticos y agentes privados en el Pacto Social de la Vivienda. Este documento definirá las líneas estratégicas que servirán de base para las políticas públicas en materia de vivienda a corto, medio y largo plazo con el fin de dotarlas de estabilidad y facilitar así la satisfacción del derecho constitucional a una vivienda digna. Este documento servirá de base para el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010/2013, y la Ley de Derecho a la Vivienda. El calendario de planes gubernamentales y el calendario legislativo sitúan la aprobación del primero en el tercer trimestre de 2010 y la segunda para finales de año. Todas las acciones concretas están todavía, por lo tanto, sin concretar a la espera de estos instrumentos estratégicos.
Ello no es óbice para que el equipo que lidera el consejero Iñaki Arriola tenga muy avanzadas varias decisiones que supondrán cambios sustanciales en relación con la política de vivienda vigente en las anteriores legislaturas. Las novedades van a ser muchas, algunas iniciativas van a obligar a los demandantes de vivienda a cambiar el chip y otras van a provocar a buen seguro debate social.
Una de las líneas estratégicas será el impulso de la vivienda protegida destinada al alquiler y, de hecho, Arriola asumió durante su primera comparecencia parlamentaria el compromiso de que cuatro de cada diez viviendas protegidas irán dirigidas al mercado de alquiler. Este reto no parece fácil en la actual coyuntura de crisis financiera y restricciones presupuestaria, ya que la vivienda de alquiler tiene como principal hándicap su financiación.
La vivienda protegida en régimen de propiedad permite recuperar la inversión a corto y medio plazo, mientras que en el caso de la vivienda protegida en régimen de alquiler la inversión se recupera más lentamente y los plazos de amortización son tan largos que complican a las instituciones públicas afrontar este tipo de operaciones. El Departamento de Vivienda pretende salvar este obstáculo mediante la colaboración público-privada.
La idea es que la empresa privada realice la inversión en su totalidad con el compromiso de recibir al terminar la promoción un canon anual en concepto de alquiler durante un plazo de treinta años, al cabo de los cuales los pisos pasarían a ser de titularidad pública. Se trata de una inversión potencialmente atractiva para entidades financieras que gestionan fondos de inversión, planes de pensiones, etc.
Los responsables del Departamento de Vivienda, Transportes y Obras Públicas reconocen que las entidades financieras tienen en estos momentos "aversión a meter dinero en ladrillo", pero confían en que "la solvencia del Gobierno vasco disipe estos temores y se puedan firmar antes de fin de año los primeros contratos con inversores privados" para construir vivienda protegida para el mercado de alquiler.
las claves
El parlamentario del PSE-EE Óscar Rodríguez reconoció ayer que la crisis económica "algo" afectará a la "Y" vasca pero aseguró que el Gobierno de López está peleando para que "el impacto" de los ajustes económicos en esta infraestructura sea "el menor posible". Rodríguez hizo un llamamiento al resto de partidos políticos, principalmente al PNV, a actuar "con responsabilidad y lealtad" en esta materia, y recordó que cuando su formación estaba en la oposición, "siempre hemos apoyado al Gobierno vasco en la construcción de esta infraestructura". En este sentido, instó al PNV a que actúe "con la misma responsabilidad" hacia el Ejecutivo actual, y que "no se ponga en peligro la unidad política, económica e institucional que hay en torno a esta infraestructura". Rodríguez explicó que el consejero Arriola, está en contacto "permanente" con el Ministerio de Fomento para "pelear" por la infraestructura y tiene siempre puesta "la camiseta de Euskadi y son los colores que defiende".
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