Las nuevas subvenciones levantan ampollas

vitoria. Las subvenciones dirigidas a las asociaciones que trabajan en intervención social se han convertido en arma arrojadiza y materia de discusión entre el sindicato ELA y el Gobierno Vasco, que comparten criterios diametralmente opuestos en torno a la gestión de estas ayudas. La central denuncia que la nueva orden, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, supone un paso adelante para "acabar con el asociacionismo entre los inmigrantes". Lakua niega la mayor. "Simplemente se han simplificado los trámites para pedir ayudas", respondía ayer Fernando Fantova, viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

El núcleo central de la controversia reside en la orden que desarrolla el decreto del 29 de diciembre aprobado por el Ejecutivo autonómico, en la que se agrupan las subvenciones en intervención social. En ella, Lakua dice organizar la dispersión de ayudas de una veintena de textos normativos que dependían de diferentes direcciones del Gobierno Vasco anterior y que sólo contribuían a complicar más las cosas.

Pero el sindicato denuncia una cortina de humo. Con la nueva ley sobre la mesa, alerta la central, podría llegar a borrarse de un plumazo la actividad de una treintena de organizaciones de inmigrantes en Euskadi. Emérita Cuéllar, responsable de inmigración en el sindicato, aseguró que se van a priorizar "las propuestas a nivel supraterritorial", lo que se traduce en un progresivo ostracismo de las asociaciones modestas, de ámbito local, que no cuentan con personal profesionalizado. "Para que nos entendamos, según esos criterios, la asociación de senegaleses quedaría al margen de cualquier ayuda ya que sus integrantes son voluntarios y no personal liberado que pueda ofrecer propuestas más profesionalizadas como las que se piden", expuso Cuéllar a modo de ejemplo.

asociaciones monopolio Para el sindicato, esa fragmentación que existía en la acción social, y que viene a justificar la nueva orden de Lakua, no es más que un "pretexto elaborado a espaldas de las organizaciones de inmigrantes". En resumidas cuentas, que las modificaciones favorecerán "en exclusiva" a las ONG de mayor implantación, las únicas que pueden dar respuesta a los nuevos requisitos. "El motivo principal de este decreto es impedir, mediante la asfixia económica, el asociacionismo y el trabajo que las agrupaciones de inmigrantes realizan con carácter local", subrayó la responsable de inmigración de ELA.

El sindicato dice no entender cómo es posible que todas esas pequeñas agrupaciones sociales que nacieron precisamente al calor de la dirección de Inmigración, sean ahora abandonadas a su suerte "y se las quieran quitar de encima". "Se está dando prioridad a las asociaciones monopolio", reflexiona Cuéllar, que exige la inmediata derogación del decreto.

Preguntado por todo ello, el viceconsejero de Asuntos Sociales mostró ayer a este periódico su extrañeza, ya que ninguno de los argumentos esgrimidos por el sindicato fueron presentados el 7 de septiembre, cuando se presentó el borrador del decreto para su tramitación. Tampoco dice haber recibido queja alguna de asociaciones de inmigrantes. "Como todo cambio, ha generado opiniones a favor y en contra, pero mantenemos la filosofía", expuso.

El Gobierno Vasco, con esta modificación, se ha propuesto reordenar la división de departamentos y divisiones heredadas del Gobierno tripartito. Fruto de ello, asegura el viceconsejero, se había llegado a una situación "tan compleja" por la cual existían hasta quince órdenes de subvenciones diferentes a las que acogerse las asociaciones, lo que no hacía sino complicar el de por sí engorroso trámite. "Lo único que hacemos ahora es sustituir todas esas ayudas por una. Se han simplificado muchísimo los trámites a realizar por las asociaciones".

El sindicato alerta de que la orden podría hacer desaparecer a más de 30 organizaciones de inmigrantes en la CAV