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el acuerdo permite al ejecutivo recomprar los pisos protegidos en situación de impago
La consejería del ramo concederá 24,4 millones en subvenciones a fondo perdido para fomentar el alquiler
dna - Jueves, 28 de Enero de 2010 - Actualizado a las 08:04h
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Unos vecinos pasean en bici por delante de las torres bioclimáticas de Salburua, uno de los nuevos barrios de la ciudad. (MARCOS RUIZ)
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Vitoria. El Gobierno Vasco y 26 entidades financieras de crédito firmaron ayer un convenio a través del que, entre otras actuaciones, se pretende facilitar la concesión de hipotecas a los adjudicatarios de viviendas protegidas. El convenio, mediante el que se prevé conceder préstamos por valor de 500 millones de euros, recoge también la posibilidad de que el Ejecutivo recompre los pisos impagados. El acuerdo, en cuya presentación participaron los consejeros de Vivienda, Iñaki Arriola, y Economía, Carlos Aguirre, se celebró en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en Vitoria, y contó con la presencia de representantes de las entidades financieras participantes en el mismo.
A través del acuerdo, se pretende "recuperar la confianza del sistema financiero", de tal manera que "se garantice el acceso a la financiación en las operaciones de compra y rehabilitación. También se espera facilitar la financiación a los promotores de vivienda protegida y "rescatar" la financiación a las operaciones de compra y urbanización de suelo con destino preferente a la promoción de vivienda protegida en la CAV.
Aunque la firma se produjo ayer, el decreto del Ejecutivo en el que se recoge el convenio fue aprobado el pasado 22 de diciembre en Consejo de Gobierno. La nueva norma, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año pero prorrogable automáticamente con carácter anual, sustituye a una anterior que databa de 2004. El convenio actual define los términos de colaboración de "las líneas de financiación de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo". De esa forma, además de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), se incluyen en la norma los pisos tasados y los equipamientos dotacionales.
Además, en virtud de este acuerdo, el Departamento de Vivienda abonará a los promotores de vivienda de alquiler el pago de subsidios de puntos de interés por importe de 57,46 millones de euros.
Asimismo, la consejería concederá 24,45 millones de euros en subvenciones a fondo perdido a la promoción de viviendas en alquiler, cifra a la que se añadirán otros 13 millones para otras subvenciones a fondo perdido. Estas últimas están dirigidas, básicamente, a la incentivación de la rehabilitación de viviendas y edificios.
El consejero de Vivienda explicó que, de acuerdo a los cálculos elaborados a partir de la "posible demanda potencial" de créditos, este año podrían concederse al amparo de este acuerdo préstamos por valor de 500 millones de euros.
Entrada del Euríbor A diferencia de lo que ocurría en el anterior convenio, en el que se empleaba un Índice de Referencia Hipotecaria (IRPH) diferente, a partir de ahora se empleará el referente del euríbor. Los tipos de interés se situarán, en función de los casos, entre el 1,48 y el 3,03. El pago de las cuotas se realizará de forma mensual, en lugar de la anterior fórmula semestral. Otra de las modificaciones afecta a los propietarios que cedan sus viviendas al Ejecutivo autonómico para ofrecerlas en alquiler, que cobrarán un máximo de 600 euros al mes, cuando antes podían percibir hasta 750 euros.
La nueva normativa también recoge un procedimiento para la recompra de viviendas que se encuentren en situación de impago. Los pisos de protección que en encuentren en esta situación podrán ser adquiridos por el Gobierno Vasco directamente al propietario o mediante su compra a la entidad financiera durante el preceptivo procedimiento de ejecución presupuestaria.
A través de este mecanismo se pretende reforzar las "garantías" de las entidades de crédito y reducir sus riesgos financieros. La recompra es "un sustitutivo de los avales financieros y funciona como tal", según se recoge en la documentación aportada por el Ejecutivo autonómico.
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