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Los ciudadanos pagan la infracción de Tuvisa
el ayuntamiento debe abonar 120.000 euros por ejecutar 22 despidos improcedentes
Los trabajadores que serán readmitidos en sus puestos de trabajo e indemnizados aplauden la sentencia de la juez
jaione sanz - Jueves, 21 de Enero de 2010 - Actualizado a las 08:07h.
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Trabajadores de Tuvisa en una concentración en septiembre, tras el despido de los trabajadores. (dna)
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Vitoria. Algo pasa con los procesos de contratación de personal en Tuvisa que suelen convertirse en litigios judiciales. La última sentencia, emitida el lunes, ha dado la razón a 22 conductores que denunciaron a la sociedad municipal por echarles de la plantilla en agosto del año pasado. Como ya adelantó este periódico, la empresa ha decidido acatar el dictamen de los tribunales, que consideran improcedentes los despidos, por lo que deberá readmitir a estas personas y pagarles el dinero que dejaron de percibir desde que fueron cesados. En total, el Ayuntamiento tendrá que afrontar un desembolso de 120.000 euros, un dinero que sacará de las arcas municipales y, por tanto, del bolsillo de los ciudadanos.
Las reacciones ayer tuvieron distintos rostros. Las positivas llegaron de los trabajadores que han ganado el juicio. "Estoy encantada, no tenía demasiada esperanza. En cualquier caso, gerencia aún no nos ha comunicado nada", apuntó Conchi, una de las personas afectadas. Estos 22 chóferes accedieron a sus puestos a través de unas pruebas, después de que la OTA de 2004 quedara en suspenso por los recursos del comité de empresa de Tuvisa y ante la necesidad de más conductores. Por eso, entraron con una figura jurídica especial, denominada a nivel interno contrato 100, según la cual trabajarían "como indefinidos hasta que su plaza fuera cubierta con una OPE".
Ante el proyecto de reordenación de las líneas de autobús, Tuvisa decidió convocar una nueva OPE, despedirlos, cubrir las plazas que requería la nueva red con los conductores que aprobaran la nueva oferta y rellenar futuras necesidades con los que quedaran en la bolsa de empleo -personas que aprueban pero no alcanzan la nota necesaria y, en última instancia, aspirantes que suspenden alguno de los exámenes-. La juez, sin embargo, sostiene que los 22 conductores del contrato 100 son indefinidos y que, de generarse nuevos puestos de trabajo, éstos estarán siempre por delante de quienes se encuentran en la bolsa de empleo.
La sentencia sienta por fin unas bases claras en los procesos de contratación de personal. Eso sí, a costa de 120.000 euros. Bajo esas premisas, hubo ayer grupos políticos que quisieron opinar. El concejal del PNV Iñaki Prusilla consideró que la juez "ha hecho un favor a Tuvisa, porque determina qué criterios hay que seguir, que no eran los de gerencia y tampoco los que defendimos cuando se produjeron los despidos". La oposición propuso que Tuvisa integrara en su bolsa a los 22, cuando según la sentencia tienen incluso prioridad sobre ésta. "No obstante, el sabor es agridulce. No es de recibo que el Ayuntamiento aprenda a golpe de sentencia", apuntó el edil del PNV, quien deseó que "los líos en Tuvisa se acaben para siempre".
El portavoz de EB, José Navas, lamentó que los ciudadanos "paguen la mala gestión de Tuvisa" y advirtió de que "hay algo que no funciona en Tuvisa cuando todas las OPE se recurren". La última, la de 2009, fue impugnada por los sindicaos por no fijar un número de plazas. "El juicio de uno de los sindicatos está al caer", adelantó el presidente del comité de empresa de Tuvisa, Manuel Seijo, quien lamentó que el gerente "lo haga siempre todo al revés".
En la misma línea, el concejal de EA, Antxon Belakortu, responsabilizó del varapalo de la sentencia al Gobierno por haberse posicionado "en contra de la oposición". Este periódico intentó contactar con el gerente de Tuvisa para conocer su valoración, así como con su presidente, el edil socialista Joaquín Esteban, pero no lo consiguió.
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