Vecinos de la localidad apoyan al alcalde y acusan de "hipócrita" al Gobierno

VIC. Ciudadanos de Vic mostraron hoy su apoyo al alcalde de la  localidad, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), tras el dictamen de la  Abogacía del Estado que considera improcedente no empadronar a  extranjeros sin visado, y acusaron al Gobierno de hipócrita por  evitar tratar la cuestión de la inmigración ilegal.

El alcalde anunció hoy que acatará el dictamen aunque no lo comparta, y reclamó al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de  Extranjería. Asimismo, le pidió que ayude económicamente a los  municipios para atender las necesidades de los inmigrantes en  situación irregular. 

En declaraciones a Europa Press, el letrado Jordi P., de 36 años,  calificó de "muy razonables" las peticiones del alcalde, y tildó de  "hipócrita" la reacción de los políticos ante los criterios de  empadronamiento propuestos por el Consistorio. "Si la Ley de  Extranjería regula los requisitos de entrada al país hay que  cumplirla, sino, que la cambien  para que entre todo el mundo",  concluyó.

También en declaraciones a Europa Press, el doctor Jorge M., de 66  años, consideró de "sentido común" que para garantizar la  sostenibilidad de los servicios sociales sus usuarios deben poder  trabajar y contribuir a su mantenimiento. 

Lamentó la falta de apoyo institucional para atender a los  inmigrantes, y subrayó que en un Centro de Atención Primaria (CAP) de  Vic se visita a un niño cada tres minutos. "Es una barbaridad", dijo,  y recordó que el 60 por ciento son extranjeros y a menudo no  entienden ni catalán ni castellano. "Jugamos con la vida del paciente  y la integridad del médico pero la Conselleria de Salud ni siquiera  respondió cuando reclamé a un intérprete", remachó.

Añadió que la picaresca es "muy notable", y apuntó que embarazadas  de otros países se empadronan en la ciudad un mes antes de dar a luz  para obtener acceso a la sanidad pública y a ayudas sociales. Tras el  parto, regresan a su país de origen, apostilló.

LEYES CONTRADICTORIAS

La profesora Irene V., de 29 años, explicó a Europa Press que la  decisión del Gobierno es un "agravio comparativo" hacia los  extranjeros en situación regular y hacia los locales, y afirmó que  las leyes se contradicen. "Cómo es posible que una persona que no  puede estar en España acceda a los mismos servicios que los demás?",  se preguntó.

Asimismo, acusó a los partidos políticos de caer en la "crítica  fácil" a la ciudad en lugar de reconocer incongruencias entre las  leyes, y de tomar medidas para atajar la inmigración ilegal. Aseguró  que Vic ha recibido calificativos muy injustos, y reiteró su  "decepción" con el Govern y con el Estado. La controversia delata   "un problema real del que hay que hablar", concluyó. 

La abogada Júlia R., de 36 años, opinó que el dictamen aumentará  la desafección hacia los políticos, y los criticó por limitar su  discurso sobre la inmigración a lo "políticamente correcto" y obviar   las contradicciones en las leyes sobre extranjería. Asimismo, criticó  a diversos medios de comunicación por no reflejar "en absoluto" en  sentir de los ciudadanos de la localidad. "Estamos hartos", remachó.

La administrativa Rosa A., de 51 años, también expresó su  "decepción total" con las administraciones, y lamentó que la clase  media sea, de nuevo, una de las grandes perjudicadas por el dictamen  del Gobierno. "Tenemos que pagar más impuestos y mantener a personas  que no tienen permiso de trabajo", dijo, y destacó que no hay  recursos para absorber "a todo el que venga". "No puedo más",  apostilló.