Cien colectivos instan a la Fiscalía a investigar casos de acoso en Nanclares

vitoria. Satisfechos con la sentencia emitida por los magistrados contra M.M., ex subdirector de Seguridad de Nanclares de la Oca, pero descontentos con la actuación de la Fiscalía, que apoyó la tesis de la defensa. Los portavoces de la plataforma de apoyo a las presas del penal alavés - integrada por más de un centenar de colectivos sociales- que denunciaron a M.M. por acoso sexual, manifestaron ayer públicamente su alegría después de que los jueces, en su fallo, estimaran probado uno de los cuatro casos expuestos en el juicio y condenasen al acusado a un año de prisión y otros seis de inhabilitación absoluta. "La sentencia da por buenos los testimonios de las presas y asume que fueron coaccionadas, aunque sólo en uno de los casos queda demostrado más allá de toda duda razonable que dichas coacciones fueran de carácter sexual. En las demás, los magistrados explican que las denunciantes entendieron que existió coacción sexual, pero no queda certificado", precisó Carlos Hernández, representante de la asociación. En todo caso, lo que reclaman es que, a la vista de la naturaleza del fallo, la Fiscalía actúe de oficio e investigue otros casos de acoso en los que pudiera estar involucrado el ex subdirector.

"Al menos otras tres reclusas, que nosotros sepamos, pudieron sufrir coacciones", explicó Hernández en alusión a la extensa documentación que obra en el proceso y que cita el caso de otra serie de internas que, presuntamente, mantuvieron entrevistas con el imputado. No pudieron ser localizadas por la Policía para prestar declaración en el juicio contra M.M., por lo que ahora la plataforma solicita a la Fiscalía que cambie su actitud y trate de esclarecer, de oficio y " a fondo", cuantas ilegalidades se cometieran en el penal entre 2003 y 2005. "Apoyó la hipótesis de que las presas habían urdido un complot contra el ex subdirector, pero la sentencia deja claro que no fue así, con lo cual la Fiscalía queda en una posición muy comprometida", aseguró Hernández.

inhabilitación El portavoz de la plataforma, que anunció que no recurrirán el fallo, ofreció su ayuda y apoyo a cualquiera de las otras tres reclusas en caso de que deseen apelar. Asimismo, pidió a Instituciones Penitenciarias que tengan en cuenta el contenido de la sentencia para que expedienten a M.M. "ya que se reconocen irregularidades sancionables". El condenado desempeña actualmente su labor en la prisión de Lanzarote, por lo que, de ratificarse la sentencia, perdería su puesto de trabajo. Hernández, que insistió en que todas las coacciones denunciadas tuvieron carácter sexual, estimó que el condenado debería ser cesado ya que "su conducta fue, como mínimo, moralmente reprobable", concluyó.