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la "nefasta" gestión de bienestar social, centro de las críticas
Un grupo de colectivos sociales sostiene que el Ente foral niega las órdenes de tutela de forma arbitraria
axier burdain - Miércoles, 16 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 08:06h.
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Menores inmigrantes en un centro de acogida. (Foto: k.c.)
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vitoria. Los colectivos Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), SOS Racismo Araba, Txiroekin, Salhaketa y la red Zuzen por la igualdad de derechos, denunciaron ayer la "nefasta" gestión que a su entender realiza la Diputación alavesa, mediante el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), en materia de menores extranjeros no acompañados. "Desde hace algún tiempo tenemos conocimiento de la existencia de menores viviendo en la calle en situaciones de riesgo, de huidas de los centros donde están acogidos por falta de respeto a su dignidad, su identidad cultural o el derecho a ser oídos. De la negación del IFBS de acoger a menores en los centros de urgencia a pesar de haber sitio, de derivaciones inadecuadas a otros servicios sociales y un largo etcétera", manifestaron ayer en Vitoria.
Paralelamente, los portavoces de estos colectivos censuraron las "frecuentes declaraciones de algunos políticos que, de manera irresponsable, generan xenofobia en la ciudadanía y aumentan la percepción del colectivo de menores extranjeros no acompañados como un problema, relacionándolo directamente con la delincuencia o como personas que están ilegítimamente consumiendo recursos de la sociedad alavesa".
A juicio de los denunciantes, en Álava se produce una grave situación de incumplimiento de la Ley Vasca del Menor y en consecuencia de la Ley de Extranjería por parte de la Diputación, "al vulnerar el procedimiento en cuanto a extender las órdenes forales de tutela a los jóvenes que tienen bajo su guarda, negándoselas de manera arbitraria, situación que conlleva graves consecuencias ya que son un requisito indispensable para obtener la autorización de residencia que, según la Ley de Extranjería, debe otorgarse transcurridos nueve meses a partir de su acogimiento". Esta práctica, aseguraron, afecta a unos 30 jóvenes "que llevan hasta 12 meses acogidos en centros y pisos sin certificación que acredite su tutela".

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