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La nueva ley del aborto reconocerá el derecho de los facultativos a la objeción

PSOE pacta con erc, IU E ICV que los médicos la ejerzan de forma individual y no colectiva

El proyecto incluye la educación sexual en los colegios y que la Seguridad Social financie anticonceptivos de última generación

e.p. - Jueves, 10 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 08:11h

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Nueve de cada diez abortos se hacen en la red privada.

Nueve de cada diez abortos se hacen en la red privada. (ARCHIVO)

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Madrid. Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero. La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos.

Del mismo modo, estos partidos han pactado que la nueva ley garantice que a las mujeres que lo deseen se les practique un aborto en el territorio en el que residan. Otro punto fruto del citado acuerdo consiste en garantizar que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.

Así lo aseguraron ayer en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC), quienes explicaron que el hecho de introducir la educación sexual en los programas escolares busca prevenir los embarazos no deseados.

anticonceptivos modernos Del mismo modo, estos grupos indicaron que el acuerdo sobre la formación de los profesionales del sistema sanitario establece que los estudiantes de Medicina y Enfermería se formarán, con carácter curricular, en salud sexual y reproductiva y "en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo". Según explicaron, ambos grupos también han acordado que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado.

El Gobierno decidirá de qué anticonceptivos financia el 40% y de cuáles el 100%. Asimismo, se está pensando que haya colectivos, como el jóvenes y el de mujeres con pocos recursos, que puedan acceder a ellos gratuitamente. ERC e IU estiman que esta medida tendrá un coste de unos 100 millones de euros al año.

Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación, de modo que será suficiente con el informe de un especialista. "Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", añadieron.

En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 ó 25 años de edad".

Los dos diputados hablaron en todo momento del "derecho de la mujer a interrumpir su embarazo", aunque admitieron que el proyecto de ley no habla de que el aborto sea un derecho. Además, tampoco han conseguido que se eliminen las referencias en el Código Penal. Los representantes de ambas formaciones se mostraron satisfechos por los logros alcanzados, aunque señalaron que aún quedan "flecos" pendientes en la nueva ley "que se pueden negociar".

Polémica por la confección de listas

Sobre la objeción de conciencia, Joan Tardá (ERC) y Gaspar Llamazares (IU) explicaron que el acuerdo sobre la objeción de conciencia consiste en que se reconoce el hecho "por parte únicamente de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo". "En este sentido, es el cirujano el que tiene esa característica, la persona de la enfermería que le ayude y poco más", señaló el diputado de IU, que especificó que dicho profesional tendrá que hacerlo por escrito, "aunque no podrá cuestionar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. El servicio público garantizará la prestación". Este aspecto de la ley fue criticado ayer por Ginecólogos por el Derecho a Vivir (DAV), plataforma que representa a casi 200 profesionales del ramo. En concreto, este colectivo rechaza la creación de las denominadas "listas de objetores" en los hospitales públicos, una medida que, a su juicio, sería una "restricción al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al aborto".
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