La Cámara vasca creará una comisión de investigación sobre el "caso Margüello"

GASTEIZ. El Parlamento vasco acordó hoy la apertura de una comisión de  investigación sobre las supuestas irregularidades en la contratación  de servicios por parte del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) a  empresas privadas entre 1997 y 2008. Aunque todos los grupos  coincidieron en la necesidad de investigar los hechos, se debatieron  dos propuestas diferentes, una de PP, Aralar, EA, EB y UPyD, que  recibió el apoyo del PSE, y otra del PNV, que fue rechazada.

El Departamento vasco de Sanidad dio a conocer el pasado mes de  julio un informe en el que se alertaba de "graves irregularidades" en  la suscripción de varios contratos entre el Servicio Vasco de Salud y  empresas de las que eran socios tres médicos de Osakidetza, entre  ellos el ex director de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello.

Las supuestas irregularidades, que incluirían incrementos  injustificados de tarifas en los servicios contratados, se habrían  cometido durante la etapa del anterior consejero de Sanidad, Gabriel  Inclán, quien en una comparecencia ante el Parlamento el pasado 30 de  julio defendió la "honradez y profesionalidad" de su equipo y  descartó que durante su mandato haya existido "una trama para  realizar negocios turbios". 

DOS PROPUESTAS

En el pleno de hoy se debatieron dos propuestas de contenido  similar, una firmada por PP, Aralar, EA, EB y UPyD, y otra del PNV,  aunque ésta última fue rechazada. La propuesta del PP, Aralar y las  tres formaciones que integran el grupo mixto salió adelante con el  apoyo del PSE y la abstención de los 'jeltzales'.

Este último texto acuerda la apertura de una comisión de  investigación "que tendrá por objeto aclarar las posibles  irregularidades derivadas de la concertación de diversos servicios  por las empresas Medical Dom S.L., Recard 2000 S.A., Gestión de  Servicios Sanitarios XXI, Indautxu y Rehabilidom".  A través de esta  investigación se pretende "determinar en su caso las  responsabilidades de toda índole que se pudieran derivar de los  hechos investigados".

La propuesta del PNV, que finalmente no salió adelante, tenía un  contenido similar, aunque algunos grupos la calificaron de "muy  restrictiva", al considerar que acotaba demasiado el campo de  investigación. Por ese motivo se pidió a los 'jeltzales' que  retiraran su iniciativa para no ofrecer una imagen de división en un  tema como éste.

"BUENA GESTION"

La parlamentaria del PNV Nerea Antia aseguró que su grupo "es el  primero" que desea que este caso "se aclare cuánto antes" y que se  esclarezcan "las responsabilidades si las hubiera". De todas formas,  defendió la "buena gestión" del Departamento de Sanidad durante la  etapa de Gobierno del PNV, sobre la que se mostró "orgullosa".  Además, reclamó "respeto" a la presunción de inocencia y pidió que no  se utilice este asunto para lograr "rentabilidad política".

Antia justificó el rechazo de su grupo al texto finalmente  aprobado en que éste "da por hecho" que se cometieron irregularidades  y pone en cuestión "todas" las contrataciones de Osakidetza, no sólo  las analizadas en el informe.

Desde el PSE, Blanca Roncal destacó la necesidad de que la Cámara  realice "todos los esfuerzos para esclarecer los hechos". Además,  aseguró que lo que está "en cuestión" no es el nivel de la sanidad  vasca, sino la actuación de "un grupo que ha podido incurrir en  actuaciones irregulares". Por ese motivo, afirmó que la comisión  deberá "buscar las responsabilidades políticas y cuantas otras"  pudieran detectarse. Respecto a la propuesta del PNV, consideró que  "es muy restrictiva".

"IRREGULARIDDES CONSTATADAS"

La parlamentaria del PP Laura Garrido respondió a Antia que las  irregularidades "están constatadas en un informe y no son una  opinión", por lo que el órgano investigador deberá determinar ahora  "el alcance" de tales anomalías. Además, rechazó que se esté  "cuestionando" a Osakidetza en su conjunto, pero consideró que hay  que "determinar el papel" del ex consejero Gabriel Inclán en este  caso.

Por parte de Aralar, Dani Maeztu destacó que aunque "no está claro  a quién corresponden las responsabilidades, pero está claro que las  ha habido". Además, pidió al PNV que retirara su iniciativa para  lograr la "unanimidad" sobre este tema y así ofrecer "una mejor  imagen" a los ciudadanos.

FISCALIZACION

El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal subrayo la necesidad  de esclarecer las "responsabilidades" que hayan podido existir. Desde  EB, Mikel Arana mostró su "tristeza" por no haber podido acordar un  único documento en torno a este asunto. Gorka Maneiro (UPyD) apostó  por "poner todos los muros necesarios" para evitar nuevas  irregularidades.

El pasado 24 de septiembre, la Cámara ya aprobó una propuesta en  la que instaba al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) a que  incorpore a su plan de trabajo la fiscalización integral de las  actuaciones realizadas por el Departamento de Sanidad y Osakidetza a  las empresas con las que se realizaron supuestas contrataciones  irregulares. Estas consistirían en incrementos injustificados de  tarifas en los servicios contratados y en posibles  incompatibilidades.